El Consell tramita 11 multas que pueden sumar 1,5 millones por casas tursticas

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    El presidente del Consell de Eivissa, Vicent Torres, explicó ayer en el pleno, en respuesta a una pregunta del PP, que desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Turismo, la institución ha abierto 11 expedientes por el alquiler irregular de viviendas turísticas cuya sanción podría alcanzar un máximo de 1,5 millones de euros.

    En concreto, tres expedientes se han incoado contra plataformas de reserva de viviendas turísticas que operan a través de Internet y exclusivamente en el mercado inmobiliario de Eivissa. En estos casos, en contra de lo que marca la nueva ley, aprobada el pasado verano, estas empresas ofertan alquileres turísticos sin mostrar en su web el número de autorización de las viviendas. Esta infracción, calificada como «muy grave» puede suponer el pago de una sanción de hasta 400.000 euros para cada una de las plataformas.

    Los otros ocho expedientes se corresponden a viviendas que se ofertan en el mercado de alquiler de verano sin ninguna autorización y que también se promocionan a través de plataformas por Internet. Estos expedientes podrían cerrarse con sanciones de entre 20.000 y 40.000 euros tanto para las comercializadoras como para los propietarios de las viviendas. Se trata de la comercialización irregular de cuatro pisos (dos en Vila, uno en Santa Eulària y otro en Sant Antoni), dos apartamentos (Vila) y dos viviendas aisladas en Santa Eulària y Sant Josep.

    En tres casos han sido los propios propietarios los que han denunciado el alquiler irregular de sus viviendas, tras tener conocimiento de que sus arrendatarios llevaban a cabo esta práctica sin su consentimiento. Hay que tener en cuenta que la propia ley también responsabiliza a los propietarios de la actividad irregular.

    El resto de expedientes se han abierto a raíz de denuncias presentadas ante el Consell por parte de particulares o entidades y por actuaciones de oficio por parte de los inspectores del Consell.

    Por otra parte, el pleno aprobó ayer, con el voto en contra del PP, el pago de las deudas de la Fundación para la Promoción Turística previa a su disolución. En concreto, la institución asume el pago de las facturas presentadas por esta fundación (641.240 euros), la deuda contraída con una entidad bancaria (775.000 euros), aparte de condonar un débito de 633.875 euros.

    El conseller de Hacienda, Gonzalo Juan, explicó que la fundación está en «clara fallida técnica» sin posibilidad de salir adelante ya que no tiene capacidad para obtener ingresos propios. La empresa pública Fecoef asumirá la gestión de la promoción turística así como los ocho empleados de la fundación.

    Duro debate sobre el catalán

    Por otra parte, el debate del pleno se endureció a raíz de una moción del PP para reivindicar al Govern balear que el conocimiento del catalán sea un mérito, y no un requisito, para los profesionales de la sanidad. La propuesta fue tumbada con los votos en contra del PSOE y Podemos-Guanyem.

    La vicepresidenta primera, Viviana de Sans, de Podemos-Guanyem, tachó la moción de «oportunista» y recordó que en la pasada legislatura el entonces presidente del Consell, Vicent Serra, del PP, reclamó al Govern de José Ramón Bauzá que el catalán fuera un requisito para el acceso a un puesto en la institución. ¿Cómo es posible tal incoherencia?, cuestionó, al tiempo que destacó que, en contra de lo que denuncia el PP, «ninguna plaza, según dijo la consellera balear de Sanidad, quedará sin cubrir por el catalán». «Para nosotros es una condición sine qua non para respaldar esta medida», resaltó.

    La vicepresidenta segunda, Marta Díaz, del PSOE, destacó que «no hay ningún problema con la lengua catalana» y «no se excluirá a nadie por no conocerla». Recordó que la propuesta de decreto prevé que aquellos profesionales que no puedan acreditar el conocimiento del catalán, tendrán «dos años» de plazo para hacerlo. También atribuyó los problemas de la sanidad publica a «los recortes» del anterior Ejecutivo de Bauzá.

    La consellera del PP Pepa Costa advirtió de que, si no se retira la propuesta de decreto, «sus efectos sobre la sanidad pública serán demoledores». «Y no lo decimos nosotros, sino los sindicatos médicos y los profesionales del hospital».

    Costa añadió que los problemas para cubrir las plazas por los altos precios de la vivienda y la falta de incentivos económicos «se agravan» con esta «imposición dictatorial». «No tendremos a los mejores profesionales. Eso sí, hablarán catalán», añadió con ironía.

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