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El Govern deber pagar el alquiler a las familias a las que no pueda ceder un piso

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Si el Govern no tiene pisos de alquiler social disponibles, deberá pagar el arrendamiento a los ciudadanos que no puedan acceder a una vivienda. Así lo establecerá la Ley de Vivienda que se aprobará en los próximos meses y cuyas últimas enmiendas acaban de pactar el Govern y Podemos y que incorporarán esta obligación de la administración autonómica. Las familias sin domicilio podrán reclamar en los tribunales si el Govern no les garantiza un hogar.

Podemos ha informado hoy que ha pactado con el Govern seis enmiendas “para consagrar el derecho a la vivienda en Balear”. Las dos enmiendas de mayor calado definen, por una parte, un perfil de personas en “situación de especial vulnerabilidad en materia de vivienda” similar al establecido inicialmente para el acceso a la renta social del Govern y que priorizara a familias desahuciadas; y, por otro, garantizan el acceso a una vivienda para este colectivo.

Con la enmienda incorporada, la futura norma establecerá que “en el caso de que por problemas de disponibilidad efectiva de vivienda el Govern no pueda proporcionar una, este derecho se podrá satisfacer con carácter subsidiario mediante el establecimiento de un sistema de prestaciones económicas complementarias a otras ayudas a las que ya puedan tener”. Es decir: si el Ibavi no tiene pisos disponibles, deberá pagar el alquiler a las personas que no tengan acceso a una vivienda a través de un sistema de ayuda que todavía debe acabar de concretarse.

Sin embargo, tal y como ha señalado el diputado de Podemos Aitor Morràs, que ha presentado hoy las enmiendas pactadas, “no es un brindis al sol”. Y es que el texto de la ley contempla que en caso de no cumplirse, las familias “podrán reclamar el cumplimiento de esta normativa ante la conselleria competente” y si no se obtiene por la vía administrativa, “se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los tribunales”. De este modo, si una familia se queda sin poder acceder a una vivienda y sin respuesta del Govern, podrá acudir a un juez. “La ley compromete al Govern y en caso de incumplimiento se podrá reclamar en los tribunales”, ha destacado Morràs.

Esta ley se sumará al Plan de Vivienda del Govern, con el que Balears destinará 50 millones a construir 218 viviendas de alquiler social en Mallorca y medio millar en el conjunto del archipiélago en los próximos tres años y ampliar de 300 a 400 euros las ayudas de alquiler a familias numerosas, jóvenes y discapacitados.

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