El Govern no tiene un plan para evitar el pago de indemnizaciones

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    El Govern balear asume que deberá indemnizar a los propietarios de Roca Llisa y Punta Pedrera afectados por la protección de sus terrenos mediante la ley 4/2008 en el caso de que el Tribunal Supremo confirme las condenas. El director general de Ordenación del Territorio, Luis Corral, reconoce que el Ejecutivo autónomo no tiene ningún plan para tratar de evitar esta millonaria factura: «No quiere decir que no lo tengamos presente, pero hoy por hoy hay esto. Lo único que se puede hacer, si las sentencias devienen firmes, es pagar».

    Hace unos meses, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dictó varias sentencias en las que condenó a la Comunitat a pagar algo más de 18 millones de euros para compensar a propietarios de Roca Llisa. El mismo tribunal reconocía el pasado 20 de noviembre el derecho de las dos sociedades propietarios de Punta Pedrera, en Sant Josep, a percibir 65 millones más los intereses desde 2009. Todas las sentencias están recurridas en el Supremo.

    A diferencia de estos dos casos, el Supremo ha rechazado el pago de una indemnización a los propietarios de Benirràs afectados por la misma ley porque, en el momento en que el TSJB dictó la primera sentencia, el PP había modificado la ley urbanística y habilitaba una vía para sortear el blindaje de todos estos terrenos. Ahora, el gobierno autónomo de la izquierda ha eliminado esta posibilidad, lo que propiciará una nueva reclamación de responsabilidad patrimonial. El peritaje judicial valoraba estos terrenos en 70 millones de euros.

    El consorcio que no se utilizó

    La ley 4/2008 preveía la constitución de un consorcio integrado por el Govern, el Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep (los de Sant Joan y Santa Eulària rechazaron formar parte) para negociar con los afectados una compensación por la pérdida de los derechos urbanísticos. Sin embargo, el pasado mes de septiembre se aprobó su disolución tras no haber cumplido el cometido por el cual se creó.

    Corral justifica la disolución en el consorcio en el hecho de que «no se ha hecho nada» y en que el Govern ya dijo que «intentaría eliminar entidades que no sirven de nada». «Lo único que se hacía era una reunión al año para decir: estamos aquí y hay que pagar la auditoría [anual sobre las cuentas]. Se elimina porque no ha cumplido nunca ninguna función», añade.

    Al ser preguntado sobre si es asumible para las arcas de la Comunitat Autònoma el pago de estas indemnizaciones, Corral responde: «Hay que plantearse si un gobierno de izquierdas puede asumir la inversión de tal cantidad de dinero en esto cuando es necesario para temas de sanidad, educación y servicios sociales. A lo mejor este planteamiento se debería haber hecho cuando se hizo la ley y no ahora cuando llegan las sentencias», reconoce el que también fue presidente del Colegio de Arquitectos de Balears.

    La disposición adicional

    En todo caso, Corral defiende la decisión de derogar, en la nueva ley urbanística, la disposición adicional aprobada por el PP la pasada legislatura para tratar de sortear la protección de la ley 4/2008.

    «La disposición del PP servía para esto y para legalizar irregularidades por todo el territorio», apunta.

    En este sentido, el director general de Territorio del Govern indica que si el Govern del PP quería derogar la ley 4/2008 debía haber «cogido el toro por los cuernos», y hacerlo, en lugar de «buscar caminos alternativos y dar vueltas», lo que, según Corral, acarrea consecuencias que «posiblemente sean peores».

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