El proyecto olvidado para construir un balneario en sEspalmador

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    Hay que hacer hueco en el Ministerio de Medio Ambiente. Demasiados papeles. Montones de carpetas, colocadas en pilas, algunas ya torcidas, otras desparramadas, aguardan su destrucción. Casualmente, un ibicenco pasa por allí y se percata de que en la portada de algunos de esos expedientes figuran nombres que le suenan: s´Espalmador, Cala Tarida, Cala Molí, Punta Pinet, Caló des Moro…

    El expediente que más le llama la atención es el de una carpeta (que se sujeta con gomas) de color azul claro en cuyo anverso destacan las palabras (caligrafiadas en mayúsculas y con tinta azul) «balneario» y «kiosco-bar», ambas entre interrogantes (pintados en color rojo). Es la «solicitud [de] concesión administrativa de terrenos de la zona de dominio público de un tramo de costa denominado Espalmador, del término municipal de Formentera para la construcción» de esas instalaciones.

    La petición, que data del año 1982, fue realizada por «Norberto y Rosa María Cinnamond Planas», dueños del islote (aunque con domicilio en Barcelona), y fue elevada a la entonces Jefatura de Costas y Puertos de Balears. Treinta y cinco años más tarde, todo su contenido, incluidos los planos, estaba destinado a ser convertido en confeti. Los Cinnamond, que en 2017 volvieron a poner en venta s´Espalmador, esta vez por 22 millones de euros (dos menos que en 2015), ya tenían claro en 1982 que podían sacar algún provecho a sus casi dos kilómetros cuadrados yermos. De ahí que redactaran un «proyecto de balneario en el Espalmador» [sic] que remitieron al entonces Ministerio de Obras Públicas en cuatro carpetas, correspondientes al presupuesto, los planos, la memoria y el pliego de condiciones.

    412 metros cuadrados

    La construcción del balneario (kiosco, desde luego, no parecía, vistos los planos y leída la memoria) ascendía a 14.857.920 pesetas (unos 90.000 euros). Iba a ser un edificio de «planta cuadrada» que ocuparía 412 metros cuadrados, además de otros ocho metros cuadrados dedicados a una solera exterior empleada para duchas. La instalación, que poseería una altura de 4,1 metros (tenía una sola planta), se construiría con bloques de hormigón en la parte sur de la isla, cerca de sa Punta des Pas. Coincidió la solicitud de esa concesión con la polémica por un kiosco (un chiringuito de los de toda la vida, construido con maderas) que funcionaba en s´Espalmador y que la Guardia Civil clausuró en junio de 1983.

    ¿Y cómo se abastecería el balneario en una isla donde el agua escasea? El agua potable sería aportada «por la propia finca aneja, propiedad del promotor». Se acumularía en una cisterna de 50 metros cúbicos. Estaba previsto un consumo de unos 6.000 litros al día, pues calculaban que podrían pasar por esas instalaciones 400 personas cada jornada (a 15 litros por cabeza). El aljibe les permitía tener una autonomía de «algo más de una semana».

    Solucionado (es un decir) el problema del aporte de agua, ¿qué harían con la sobrante?: «Respecto a las aguas residuales, se conducirían por impulsión a una fosa séptica de 10 metros cúbicos», situada a 150 metros del balneario (que transcurriría por la consiguiente zanja) y que «desagua en dos pozos filtrantes de 3,05 y 2,45 metros de profundidad. Ya en aquella época saltaron las alertas por la contaminación que padecía la isla debido a la invasión de turistas, que habían convertido buena parte de su superficie en un basurero, amén de cagadero. El vertido de aguas residuales en su subsuelo era lo que le faltaba al islote. Del aporte de energía se encargaría un grupo electrógeno, para el que había que construir otro pequeño edificio, de unos 20 metros cuadrados.

    Plano del alzado del proyecto de balneario en s´Espalmador.

    Lo que no queda claro en los planos ni en la memoria es qué entendían los impulsores del proyecto por balneario. Para tanta gente, 400 personas, que creían que disfrutarían de las instalaciones, sólo habían previsto construir cinco inodoros (de la marca Roca: tres para mujeres, dos para hombres) y tres urinarios. Las duchas se distribuían en una estrecha franja de ocho metros cuadrados de una de las esquinas, mientras que casi el 80% de la superficie (de 412 metros cuadrados) estaba ocupada por el bar y la sala-comedor. Tenía más de kiosco, acristalado en dos de sus laterales, que de balneario. De servir paellas y sangría que de baños turcos.

    «El disfrute de la costa, en peligro»

    La carpeta que contiene el expediente sobre la solicitud de concesión de terrenos en la zona de dominio público de un tramo de costa en Punta Pinet (Sant Josep) para la «legalización de una caseta varadero», demuestra que a principios de los años 70 también había funcionarios conscientes de la necesidad de detener la espiral de construcción en la costa. La solicitante, que afirmaba que el varadero databa de 1940, contaba con el respaldo del Ayuntamiento, cuyo alcalde Juan Ribas, expidió en diciembre de 1974 un informe favorable a la concesión. Sant Josep nunca decía que no, como se observa en todos los expedientes.

    Pero incluso en esa época, en los estertores del franquismo, no todo se consentía. La delegación provincial de Balears del Ministerio de Información y Turismo se opuso a la solicitud de la particular: «[…] visto el elevado número de peticiones continuamente instadas, que de ser atendidas pueden poner en grave peligro el libre disfrute de nuestras playas y costas e incluso el futuro de nuestro turismo, esta delegación provincial estima procedente denegar la concesión solicitada». Ya se vería más adelante, en caso de que se aprobara un plan general de ordenación del sector, argüía. Hasta el jefe regional de Costas y Puertos proponía que se diera un plazo «prudencial a la peticionaria para la demolición» de la caseta.

    30 pesetas por metro como solución

    No obstante, quienes se saltaban las leyes a la torera también se salían, en muchas ocasiones, con la suya. Como es el caso del que se da cuenta en la carpeta relativa al proceso para legalizar una escalera que unía una vivienda, situada en un acantilado, con el mar, además de un solarium… ambos ya construidos. Y por supuesto sin licencia, pues se hallaban «totalmente ubicados dentro de la zona de dominio público». Lo impulsó un austriaco en abril de 1979 a raíz de un requerimiento de la Jefatura de Costas y Puertos.

    El delegado provincial del Ministerio de Comercio y Turismo se opuso tajantemente en un informe remitido en agosto de 1979: «No existe razón suficiente que justifique la ocupación de una zona del dominio y uso público en beneficio privado, cuanto más tratándose de legalizar unas obras que han sido realizadas sin la previa autorización», avisa. Además, advierte de que «las obras señaladas entrañan una modificación del paisaje en un tramo de costa donde no existe ninguna clase de ordenación», que a su juicio «podría quedar condicionada en un futuro por este tipo de realizaciones». Un visionario, vamos.

    Pero en la dirección general de Puertos y Costas, donde parecían más permisivos que en Turismo, lo veían de otra manera. En un informe, el ingeniero jefe de la sexta jefatura regional considera que no existe «inconveniente» en acceder a lo solicitado por el austriaco porque «las obras realizadas no causan perjuicio del interés público, sino que lo beneficia, al permitirse un mejor aprovechamiento de un tramo de costa y el acceso al mar en un lugar de acantilado alto, que sin las aludidas obras sería prácticamente inaccesible». A su juicio, tampoco perjudicaba al paisaje «al haberse adaptado al terreno natural existente». La obra quedó bendecida una vez el propietario pagó el canon que le aplicó Costas por disfrutar de una zona de dominio público: 30 pesetas por metro cuadrado cada año. Como calcularon que afectaba a 56 m2, el problema se solucionó con el abono anual de sólo 1.680 pesetas (unos 10 euros). Era otra época.

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