El PSOE y el PP aprueban la norma que legaliza los terrenos de Matutes

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    El PSOE necesitó ayer en el Parlament el auxilio del PP, después de que sus socios parlamentarios (Podemos, Mésy GxF) le dieran la espalda, para sacar adelante la disposición transitoria (la 14) de la nueva Ley de Urbanismo de les Illes Balears que habilitará al Ayuntamiento de Sant Josep para declarar urbanos los terrenos del último kilómetro de Platja d’en Bossa, donde se concentran los hoteles y las discotecas del Grupo de Empresas Matutes, y legalizar con ello su situación urbanística. PI y Ciudadanos se abstuvieron. Los grupos de la izquierda sí votaron a favor de la aprobación del resto del cuerpo normativo de la nueva ley que sustituye a la que aprobó el PP hace tres años.

    Los terrenos de Platja d’en Bossa se encuentran fuera de ordenación. Tras una denuncia del GEN, en 2008 una sentencia anuló su clasificación como suelo urbanizable. Este ámbito que quedó desclasificado por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) en 1999, se desarrolló, con las correspondientes licencias de obras y actividad, pese a que no se había aprobado previamente un plan parcial ni el proceso de urbanización por parte del Ayuntamiento de Sant Josep.

    La disposición transitoria 14, que permite legalizar terrenos consolidados en más del 90%, se ha incorporado a medida para resolver la situación de los terrenos de Platja d’en Bossa, y otros en Cala Tarida. Los propietarios tiene la obligación ahora de formalizar las cesiones de terrenos que en su día no se hicieron y, en el caso de que no sea posible físicamente, se puede sustituir con «un pago en metálico».

    Derribos que condenan a la ruina

    Pese a las críticas de los socios de gobierno, el diputado menorquín del PSOE Damià Borràs defendió este apaño normativo: «No hay que huir de los problemas ni esconder la cabeza debajo del ala», dijo. «¿Se debería ordenar la demolición de hoteles y discotecas construidas con licencia? ¿Qué indemnizaciones se deberían afrontar?», cuestionó Borràs, quien advirtió de que «este dilema» podría «condenar a la ruina a Sant Josep».

    Borràs subrayó que si tomar decisiones que afectan a una persona es «urbanismo a la carta», también lo es «hacer lo contrario» para evitar su beneficio. «¿O solo es urbanismo a la carta cuando no les gusta la persona a la que afecta? No hay que confundir justicia con venganza», destacó.

    El portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, calificó de «grave» este hecho, y lamentó que «ensombrece» la nueva ley. «Hay un urbanismo a la carta que intenta favorecer intereses particulares y esa no era la idea de esta ley», dijo, para agregar a modo de colofón: «Como decía mi admirado Chirbes [el escritor]: No hay riqueza inocente». En su réplica, Borràs dijo que «no hay riqueza inocente, pero las leyes han de ser justas con todos, para aquello que es bueno y malo».

    Objetivo: salvar el PGOU de Vila

    La controvertida disposición transitoria 14 aprobada incorpora una segunda parte (bis) redactada a medida para salvar la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila. En concreto, se recupera, sólo en la isla de Ibiza, la disposición adicional sexta de la anterior ley de urbanismo del PP para que el Ayuntamiento pueda justificar que la zona de Cas Mut es urbana.

    La diputada del PP Maria Antònia Perelló pidió infructuosamente con una enmienda in voce que la recuperación de esta norma se extienda al resto de las islas, con la idea, sin mencionarlo, de salvar una urbanización en Andratx. «Lo han hecho para salvar el PGOU de Vila. De lo contrario, sería imposible aprobar el plan urbanístico. ¿Qué pasa con el resto de municipios que están igual que Vila? ¿No es esto hacer urbanismo a la carta?», cuestionó Perelló.

    Més per Mallorca rechazó la petición del PP, por lo que ni siquiera se sometió a votación.

    La nueva ley contempla agilizar la tramitación de los planeamientos urbanísticos (se crea la figura de plan de ordenación detallado) municipales, con un periodo que no exceda los tres años.

    Otra de las novedades de la nueva legislación es que los planes generales han de destinar como mínimo el 30% de la edificabilidad a vivienda protegida.

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