La anulacin de la licencia de Punta Pedrera no evita la indemnizacin

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    La anulación en 2007 de la licencia para edificar 244 apartamentos en Punta Pedrera, en Sant Josep, avalada además por los juzgados, «no repercute en la lesión producida sobre el derecho a edificar ni al deber de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados» a los promotores. Así lo determina el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en la sentencia por la que condena a la Comunitat Autònoma a indemnizar a la propiedad (Punta de Ibiza, titular del 90,7%, y Mecron S.L., del 9,3%) de los terrenos del sector 5.4 de Punta Pedrera al pago de una indemnización de 65 millones de euros más los intereses legales devengados desde mayo de 2009 por la desclasificación de esta zona mediante la ley 4/2008 aprobada por el segundo gobierno autónomo de izquierdas.

    El proyecto de urbanización, con la suma de 180 parcelas (una superficie de 51.828 metros cuadrados), se aprobó en marzo de 1990. Tras la ejecución y recepción de las obras de urbanización, el Ayuntamiento de Sant Josep concedió en julio de 2011 una licencia para la construcción de 122 apartamentos. El Consell de Ibiza la recurrió, pero el proceso fue declarado finalizado en mayo de 2004 por «satisfacción extraprocesal».

    Posteriormente, los promotores presentaron un proyecto modificado para la construcción de 244 apartamentos, el doble de lo previsto inicialmente, y en julio de 2006 la comisión de gobierno de Sant Josep, del PP, concedió la licencia. Un año después, tras el histórico cambio de gobierno, la izquierda decretó la suspensión de la licencia. El Ayuntamiento justificó la decisión en el hecho de que el proyecto no se ajustaba a los viales previstos en el plan parcial y, además, se incumplía el número máximo de unidades residenciales permitidas por el planeamiento. Por su parte, el Consell consideró en sus informes técnicos que la citada licencia era «constitutiva de infracción urbanística grave y manifiesta». El juzgado de lo Contencioso número 1 de Palma dio la razón al Ayuntamiento.

    Justo después, el Govern balear aprobó la ley 4/2008 y declaró la zona suelo rústico protegido, echando al traste la urbanización proyectada por los promotores.

    Ahora, el TSJB concluye que, al margen de lo que sucediera con las licencias, el hecho de que los promotores cumplieran «sus deberes urbanísticos» (la urbanización «completa» de los terrenos), les da «derecho» a percibir una indemnización para compensar «la lesión» que les produce «la alteración del planeamiento».

    El arquitecto de la dirección general de Ordenación del Territorio comprobó que los terrenos en 2009 contaban con un acceso y viales perimetrales asfaltados, con alumbrado público, suministro de agua, red de alcantarillado y de evacuación de pluviales, instalación de suministro eléctrico y estación transformadora.

    Incumplimiento de los plazos

    La defensa de la Comunitat Autònoma alegó que, pese a que los terrenos ostentaban la clasificación de suelo urbano, no concurrían las condiciones que establece la Ley del Suelo de 2007 para indemnizar la reducción del aprovechamiento urbanístico ya que la propiedad «no cumplió los plazos de inicio señalados en las licencias de obra otorgadas». El tribunal, no obstante, no lo ha aceptado.

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