La Fiscala pide 7 aos de prisin para el acusado de maltratar a Sara Calleja

    21
    0
    SHARE


    La Fiscalía solicita siete años de prisión para Christian C., el hombre investigado por acosar presuntamente a Sara Calleja, que se quitó la vida en Ibiza en julio de 2015 «inducida» por su maltratador, según apuntaron entonces los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía que llevaron el caso.

    Christian C. está acusado de tres delitos: uno de maltrato psíquico habitual y otros dos continuados de coacciones y quebrantamiento de condena, explican a este diario fuentes del Ministerio Público, que han presentado su escrito de calificación provisional de los hechos en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza.

    Por el primero de los tres delitos, la Fiscalía solicita una condena de tres años de prisión; por el segundo, otros tres años de cárcel y por el tercero, un año más, con lo que en total suman siete años. «Las penas son bajas pero son las máximas que establece el Código Penal», comentan las citadas fuentes, al tiempo que detallan que se reclama el pago de una indemnización de 60.000 euros para los hijos de la víctima.

    Ahora se está a la espera de que la acusación particular, que representa a los dos hijos, y el abogado del acusado presenten sus correspondientes escritos de acusación y defensa, respectivamente.

    Antecedentes en León

    Desde la Fiscalía comentan que en su escrito realizan una introducción de la situación vivida por Sara Calleja cuando todavía residía en León.

    En este sentido, resaltan que el acusado no aceptó la ruptura de la relación y que, pese a que la víctima no quería retomarla y así se lo había expresado, él insistía en volver a ser pareja, en verse y hablar y le hacía numerosas llamadas telefónicas y le enviaba mensajes y correos electrónicos con expresiones «despreciativas e intimidatorias».

    En León, de acuerdo con la información publicada, Sara Calleja presentó hasta 15 denuncias contra Christian C. y por una de ellas, fue condenado a prisión en el año 2014 como autor de un delito de amenazas en el ámbito familiar.

    A su salida del centro penitenciario, en diciembre de 2014, suceden los hechos por los que acusa la Fiscalía. Y es que, según sostiene, desde entonces Christian C. siguió enviando paquetes postales a Sara, que se encontraba ya en Ibiza. Le remitió un total de doce y aunque no aparecía su nombre, sí constaba su dirección de Bruselas, apuntan las mismas fuentes.

    Asimismo, indican que la telefoneaba, le enviaba mensajes de móvil y correos electrónicos y hacía comentarios en redes sociales, creando una situación de acoso «constante, incesante y persistente» y perjudicándola no sólo a nivel personal sino también en el ámbito profesional.

    Debido a esta situación, que califica de «hostigamiento», la Fiscalía indica que Sara sufrió una «depresión mayor» y fue diagnosticada de «trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo». Para tratarla necesitó fármacos y atención psicológica y psiquiátrica, si bien finalmente se quitó la vida en la madrugada del 11 de julio de 2015.

    «Hace tres meses lo intenté con pastillas y hoy espero irme de verdad, no lo soporto. Christian me lo robó todo. Él ganó», dejó escrito la víctima en una carta que vio la luz tras su muerte y que estaba dirigida a la juez que llevaba su caso en León.

    Los errores del proceso

    En aquella carta, en la que relataba la situación que sufría y que tildaba de «insoportable», Sara indicaba que además de las denuncias presentadas en León había interpuesto dos más en Ibiza a las que no había obtenido respuesta.

    Este diario desveló que esas denuncias no se llegaron a tramitar, sino que tras su muerte aparecieron «guardadas» en la «secretaría» de la oficina judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en un momento en el que se vivían tensiones y enfrentamientos entre el personal de la misma y su responsable. Ésta reconoció que esas denuncias estaban en su caja fuerte por seguridad, pero negó que se encontraran «paradas».

    Con el procedimiento ya abierto, se tomó declaración a los hijos de la víctima y a los profesionales que la atendían en el ámbito policial, sanitario y asistencial.

    El último en prestar testimonio fue el acusado, el 25 de mayo de 2016, por videoconferencia desde Bruselas, pero su declaración no quedó grabada por una «incidencia técnica». Aunque se salvó este escollo gracias a que el juzgado de Bruselas guardaba una copia y la remitió al de Ibiza, resultó que en la misma estaba registrada la conversación privada mantenida entre el acusado y su abogado, lo que obligó a declarar su nulidad y a repetirla el pasado mes de septiembre.

    LEAVE A REPLY