La ley urbanstica legaliza los terrenos de Matutes por necesidad pblica

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    El director general de Ordenación del Territorio del Govern balear, Luis Corral, defiende que la legalización de los terrenos de Platja d’en Bossa, donde el Grupo de Empresas Matutes tiene sus establecimientos hoteleros y discotecas, y de otras 200 viviendas en Cala Tarida, es una «necesidad pública». En contra de lo que denuncian Podemos y Més, partidos que apoyan al Govern, y los grupos ecologistas, Corral señala que la situación urbanística de estas zonas de Sant Josep es «un problema público» que había que encarar. «Durante 20 años no se ha hecho nada y se miraba hacia otro lado», recuerda.

    A petición del Ayuntamiento de Sant Josep, el PSOE introdujo en la nueva ley urbanística una disposición transitoria (la 14) para legalizar los terrenos, que hasta ahora, según Corral, estaban en «una especie de limbo». Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de Jaume Matas (PP) de 1999 desclasificaron estos terrenos, pero el director general de Ordenación del Territorio destaca que entonces «ya estaban construidos». Sin las obligaciones previas de urbanización (aprobación de un plan parcial, cesión de terreno público…), el gobierno del PP de Sant Josep concedió previamente licencias para edificar.

    Corral cree que , en su día, cuando se elaboraron y aprobaron las DOT se debería haber tenido «más cuidado» para evitar «estas situaciones extrañas».

    El PP impulsó en 2003 una serie de cambios normativos para resucitar estos y otros suelos urbanizables, como el de ses Variades, pero el grupo ecologista GEN recurrió y, en 2008, los tribunales le dieron la razón sobre el carácter rústico protegido de estos terrenos.

    Indemnización «multimillonaria»

    Corral sostiene que se trata de una cuestión «pública», por encima del «beneficio de intereses privados», porque en el caso de que se solicitara «la ejecución de sentencia» y, con ello, se forzara «el derribo» de lo construido, la factura de «las indemnizaciones» que debería pagar el Ayuntamiento (por las licencias), sería «multimillonaria».

    El que también fuera presidente del Colegio de Arquitectos de Balears niega, también en contra de lo denunciado por los ecologistas, que la disposición transitoria 14 abra la puerta a la desprotección de otros parajes de las islas o a la legalización de otras urbanizaciones ilegales, también en Ibiza. Así, Corral explica que la norma a medida para «resolver el problema» de Platja d’en Bossa y Cala Tarida especifica que los terrenos deben estar calificados como «urbanizables» en el planeamiento en vigor, que estén edificados más del 90% y cuenten con todos los servicios (calles, aceras, alcantarillado, luz pública…) . «Se tienen que dar las tres condiciones, no sólo alguna. Y sólo los terrenos de Platja d’en Bossa y Cala Tarida los cumplen. No hay ni uno más», resalta.

    También defiende que, pese a que legalmente los terrenos sean rústicos protegidos, en realidad son de «naturaleza urbana». «Cualquier legislación urbanística española, todas ellas herederas de la ley del suelo de 1976, considera urbanos los terrenos que o bien cuentan con todos los servicios o están consolidados por la edificación en dos terceras partes. En este caso se dan, y de más, las dos condiciones alternativas en cualquier ley», dice.

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