Podemos y EU acusan al PP y el PSOE de "estar al servicio de Matutes"

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    Podemos de Ibiza y Esquerra Unida han criticado hoy el “acuerdo de urbanismo a la carta” entre el PP y el PSOE que permitió el pasado martes la aprobación de la disposición transitoria 14 de la Ley de Urbanismo, que beneficia al empresario Abel Matutes.

    Según el partido de los círculos, se trata de una votación “sorprendente” porque en lugar de lograr un consenso con Podemos y MÉS, los socialistas han preferido “lanzarse a los brazos” del PP para aprobar un “lagrante caso de urbanismo a la carta”.

    En relación a la norma transitoria aprobada, apuntan que “choca” con la necesidad de preservar el territorio y el paisaje y va “en contra” de la sostenibilidad de los recursos, en especial el agua.

    En un comunicado señalan que, a pesar de estar abiertos a resolver la problemática de los residentes en Cala Tarida, esta disposición transitoria “premia” a aquellos que se han saltado la legalidad urbanística, abre la puerta a nuevas edificaciones y “beneficia” a pocas propiedades muy concretas.

    “Nos preocupa que se legisle ‘ad personam’, poniendo por delante los intereses de unos pocos frente al interés general”, ha criticado la formación morada.

    Para Podemos Ibiza esta aprobación es una “desgraciada mancha” en una Ley de Urbanismo que, en líneas generales, es “muy positiva”.

    “Una ley magnífica que se ve desvirtuada por la sombra de unos poderosos intereses particulares, algo que no debería haberse planteado bajo ningún concepto”, concluye Podemos.

    EU: “Urbanismo a la carta”

    Por su parte, Esquerra Unida también ha arremetido contra dicha disposición que, a su entender, “favorece los intereses privados de algunos grandes empresarios, lo que vendría a ser urbanismo a la carta”, ha señalado este partido en un comunicado.

    Para la formación, esta disposición transitoria provocará “desprotección” y un “aumento de la especulación”.

    Por ello, EU exige la nulidad de esta disposición y que se apliquen las medidas sancionadoras por actuaciones ilegales de entre el 50 % y el 300 % del valor de la obra construida y la demolición de la misma.

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